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    Timar a los conductores

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    Timar a los conductores

    Mensaje por Admin el Lun Nov 07, 2011 4:05 pm



    Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen unas deudas astronómicas,
    que no van a poder pagar en muchos años. Sin embargo, parecen haber
    descubierto una forma de conseguir algo de liquidez para el día a día:
    los conductores de automóviles o más bien los propietarios de los
    mismos.

    El coche es el sistema perfecto de organizar timos porque
    tiene su matrícula que le hace perfectamente identificable. Y por ello
    también se le puede perseguir y sancionar. Imaginen que un ayuntamiento
    pequeño necesita dinero para pagar la gasolina del coche del alcalde o
    para pagar la luz.

    Solo hay que enviar 4 o 5 multas a otros
    tantos propietarios de coches. Multas por hacer un giro prohibido, o por
    aparcar mal o por lo que sea. No hace falta que hayan estado en ese
    pueblo, no hace falta ninguna prueba y ni siquiera es necesario que la
    matrícula coincida con el color del coche o la marca y modelo.

    El propietario del vehículo ve que le llega una multa de su coche en un
    ayuntamiento en el que no ha estado nunca. Y se ve obligado a buscar las
    pruebas que demuestren que su coche nunca ha estado allí. Pruebas que
    no sirven absolutamente para nada.

    Si el conductor decide
    recurrir, solo perderá el tiempo. Al cabo de un mes recibirá un escrito
    diciendo que consultado el agente que ha formulado la denuncia, este se
    ratifica en los hechos y la sanción es firme. Y a partir de ahí, o se
    va a la Justicia (con mayúsculas, la de verdad con abogados y
    procuradores y jueces, o no hay nada que hacer) o se pasa por caja.

    Esto parece un cuento pero en las últimas semanas, al consultorio de El
    Confidencial han llegado unas cuantas consultas y todas ellas
    relacionadas con los timos que las distintas administraciones están
    poniendo en marcha.

    La DGT envía una multa a un propietario de un
    coche por una infracción detectada desde un helicóptero de este
    organismo. El vehículo al que se denuncia no coincide ni en marca ni en
    modelo ni en color con el del propietario del vehículo al que finalmente
    se sanciona. Cuando recurre la sanción, la respuesta que recibe es que
    el agente no recuerda bien la marca y el color, pero sí la infracción y
    que la sanción es firme. Y tampoco hay fotografía que pruebe la
    infracción.

    Se imaginan un empleado de banca que revisa cada día
    cien expedientes de cuentas de clientes y que se acuerde seis meses o un
    año después de un cargo de 30 euros de un cliente enviado por una
    compañía de telefonía.

    El agente que iba en el helicóptero no
    tiene otra cosa que hacer que recordar todas y cada una de las
    infracciones que ha visto en seis meses, a una media de entre 50 y 100
    denuncias diarias. Sobre todo porque son agentes que están muy contentos
    con su trabajo, muy bien pagados, y encantados con sus mandos, que
    siempre están velando por sus intereses, y el primero Pere Navarro.

    Póngase por un momento en el caso de un juez al que llega un Guardia Civil que
    dice que desde su helicóptero ha visto a un coche pisar una raya
    continua, por ejemplo, que no hay ninguna prueba fotográfica, que apuntó
    en la denuncia que era un Seat Ibiza blanco y que en realidad era un
    Mercedes Clase S negro. El juez romperá la denuncia en pedazos sin ni
    siquiera perder el tiempo en hacer una sentencia.

    En un par de años Europa tendrá un sistema para que se persigan las sanciones de
    tráfico en todos los países. Imaginen por un momento que el coche
    sancionado por el agente del helicóptero es de un ciudadano alemán.
    Cuando la multa llegue al funcionario del organismo equivalente a la DGT
    en Alemania, este funcionario la tirará a la papelera sin más.

    El ayuntamiento de Madrid es otro que también se apunta a esta nueva forma
    de “impuesto” que podríamos llamar de ingresos atípicos. Envía
    sanciones a cientos por saltarse un semáforo en rojo, pero la prueba
    fotográfica que se manda con la sanción es pasando el semáforo en
    naranja, que no es pasarlo en rojo.

    ¿Cuál es el problema? Que la misma persona u organismo que impone una sanción es la que decide sobre
    los recursos, y por supuesto siempre son tirados a la papelera.

    La DGT cada vez que se detecta un exceso de velocidad con pérdida de
    puntos en un vehículo debe mandar una carta al propietario para que
    identifique al conductor en ese momento. Esa carta últimamente no llega
    nunca a su destino.

    Y esta es una nueva forma de timo, ya que si
    la multa es de 300 euros y 2 puntos, pasa automáticamente a ser de 900
    euros sin puntos. La primera carta no llega nunca a su destinatario,
    pero la segunda, cuando ya es firme la de los 900 euros, sí llega. Si
    no lo hace un par de meses después llega la del embargo de la cuenta
    bancaria por 1.100 euros.

    Todo depende de la prisa que tenga la
    DGT por cobrar, si tiene caja para pagar sus nóminas o si hay dinero
    bastante para que su director general decida hacer una obra en la sede
    por un valor de un millón de euros para acondicionar nuevos despachos
    por si algún día hacen falta para algo.

    El único camino que
    queda ante este timo profesional y organizado es ir a la Justicia, pero
    eso es muy caro y no sé si merece la pena de verdad. Pero los diferentes
    organismos y entidades han encontrado el camino perfecto para hacer
    caja cada día. Y timar a los propietarios de los vehículos.

    Por ello, ante esta situación creo que es el momento de hacerse con los
    servicios de Automovilistas Europeos Asociados o de cualquier otra
    asociación de este tipo que vele por los derechos de los conductores que
    ahora están más en peligro que nunca de tener que pasar por caja cada
    poco tiempo y sin un motivo real.
    Fuente.- Gobierno, comunidades
    autónomas y ayuntamientos tienen unas deudas astronómicas, que no van a
    poder pagar en muchos años. Sin embargo, parecen haber descubierto una
    forma de conseguir algo de liquidez para el día a día: los conductores
    de automóviles o más bien los propietarios de los mismos.

    El coche es el sistema perfecto de organizar timos porque tiene su
    matrícula que le hace perfectamente identificable. Y por ello también se
    le puede perseguir y sancionar. Imaginen que un ayuntamiento pequeño
    necesita dinero para pagar la gasolina del coche del alcalde o para
    pagar la luz.

    Solo hay que enviar 4 o 5 multas a otros tantos
    propietarios de coches. Multas por hacer un giro prohibido, o por
    aparcar mal o por lo que sea. No hace falta que hayan estado en ese
    pueblo, no hace falta ninguna prueba y ni siquiera es necesario que la
    matrícula coincida con el color del coche o la marca y modelo.

    El propietario del vehículo ve que le llega una multa de su coche en un
    ayuntamiento en el que no ha estado nunca. Y se ve obligado a buscar las
    pruebas que demuestren que su coche nunca ha estado allí. Pruebas que
    no sirven absolutamente para nada.

    Si el conductor decide
    recurrir, solo perderá el tiempo. Al cabo de un mes recibirá un escrito
    diciendo que consultado el agente que ha formulado la denuncia, este se
    ratifica en los hechos y la sanción es firme. Y a partir de ahí, o se
    va a la Justicia (con mayúsculas, la de verdad con abogados y
    procuradores y jueces, o no hay nada que hacer) o se pasa por caja.

    Esto parece un cuento pero en las últimas semanas, al consultorio de El
    Confidencial han llegado unas cuantas consultas y todas ellas
    relacionadas con los timos que las distintas administraciones están
    poniendo en marcha.

    La DGT envía una multa a un propietario de un
    coche por una infracción detectada desde un helicóptero de este
    organismo. El vehículo al que se denuncia no coincide ni en marca ni en
    modelo ni en color con el del propietario del vehículo al que finalmente
    se sanciona. Cuando recurre la sanción, la respuesta que recibe es que
    el agente no recuerda bien la marca y el color, pero sí la infracción y
    que la sanción es firme. Y tampoco hay fotografía que pruebe la
    infracción.

    Se imaginan un empleado de banca que revisa cada día
    cien expedientes de cuentas de clientes y que se acuerde seis meses o un
    año después de un cargo de 30 euros de un cliente enviado por una
    compañía de telefonía.

    El agente que iba en el helicóptero no
    tiene otra cosa que hacer que recordar todas y cada una de las
    infracciones que ha visto en seis meses, a una media de entre 50 y 100
    denuncias diarias. Sobre todo porque son agentes que están muy contentos
    con su trabajo, muy bien pagados, y encantados con sus mandos, que
    siempre están velando por sus intereses, y el primero Pere Navarro.

    Póngase por un momento en el caso de un juez al que llega un Guardia Civil que
    dice que desde su helicóptero ha visto a un coche pisar una raya
    continua, por ejemplo, que no hay ninguna prueba fotográfica, que apuntó
    en la denuncia que era un Seat Ibiza blanco y que en realidad era un
    Mercedes Clase S negro. El juez romperá la denuncia en pedazos sin ni
    siquiera perder el tiempo en hacer una sentencia.

    En un par de
    años Europa tendrá un sistema para que se persigan las sanciones de
    tráfico en todos los países. Imaginen por un momento que el coche
    sancionado por el agente del helicóptero es de un ciudadano alemán.
    Cuando la multa llegue al funcionario del organismo equivalente a la DGT
    en Alemania, este funcionario la tirará a la papelera sin más.

    El ayuntamiento de Madrid es otro que también se apunta a esta nueva forma
    de “impuesto” que podríamos llamar de ingresos atípicos. Envía
    sanciones a cientos por saltarse un semáforo en rojo, pero la prueba
    fotográfica que se manda con la sanción es pasando el semáforo en
    naranja, que no es pasarlo en rojo.

    ¿Cuál es el problema? Que la misma persona u organismo que impone una sanción es la que decide sobre
    los recursos, y por supuesto siempre son tirados a la papelera.

    La DGT cada vez que se detecta un exceso de velocidad con pérdida de
    puntos en un vehículo debe mandar una carta al propietario para que
    identifique al conductor en ese momento. Esa carta últimamente no llega
    nunca a su destino.

    Y esta es una nueva forma de timo, ya que si
    la multa es de 300 euros y 2 puntos, pasa automáticamente a ser de 900
    euros sin puntos. La primera carta no llega nunca a su destinatario,
    pero la segunda, cuando ya es firme la de los 900 euros, sí llega. Si
    no lo hace un par de meses después llega la del embargo de la cuenta
    bancaria por 1.100 euros.

    Todo depende de la prisa que tenga la
    DGT por cobrar, si tiene caja para pagar sus nóminas o si hay dinero
    bastante para que su director general decida hacer una obra en la sede
    por un valor de un millón de euros para acondicionar nuevos despachos
    por si algún día hacen falta para algo.

    El único camino que
    queda ante este timo profesional y organizado es ir a la Justicia, pero
    eso es muy caro y no sé si merece la pena de verdad. Pero los diferentes
    organismos y entidades han encontrado el camino perfecto para hacer
    caja cada día. Y timar a los propietarios de los vehículos.
    Por
    ello, ante esta situación creo que es el momento de hacerse con los
    servicios de Automovilistas Europeos Asociados o de cualquier otra
    asociación de este tipo que vele por los derechos de los conductores que
    ahora están más en peligro que nunca de tener que pasar por caja cada
    poco tiempo y sin un motivo real.

    Fuente.- http://www.elconfidencial.com/automaniacos/2011/11/07/timar%2Da%2Dlos%2Dconductores%2D%2D87246/


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