Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen unas deudas astronómicas,
que no van a poder pagar en muchos años. Sin embargo, parecen haber
descubierto una forma de conseguir algo de liquidez para el día a día:
los conductores de automóviles o más bien los propietarios de los
mismos.
El coche es el sistema perfecto de organizar timos porque
tiene su matrícula que le hace perfectamente identificable. Y por ello
también se le puede perseguir y sancionar. Imaginen que un ayuntamiento
pequeño necesita dinero para pagar la gasolina del coche del alcalde o
para pagar la luz.
Solo hay que enviar 4 o 5 multas a otros
tantos propietarios de coches. Multas por hacer un giro prohibido, o por
aparcar mal o por lo que sea. No hace falta que hayan estado en ese
pueblo, no hace falta ninguna prueba y ni siquiera es necesario que la
matrícula coincida con el color del coche o la marca y modelo.
El propietario del vehículo ve que le llega una multa de su coche en un
ayuntamiento en el que no ha estado nunca. Y se ve obligado a buscar las
pruebas que demuestren que su coche nunca ha estado allí. Pruebas que
no sirven absolutamente para nada.
Si el conductor decide
recurrir, solo perderá el tiempo. Al cabo de un mes recibirá un escrito
diciendo que consultado el agente que ha formulado la denuncia, este se
ratifica en los hechos y la sanción es firme. Y a partir de ahí, o se
va a la Justicia (con mayúsculas, la de verdad con abogados y
procuradores y jueces, o no hay nada que hacer) o se pasa por caja.
Esto parece un cuento pero en las últimas semanas, al consultorio de El
Confidencial han llegado unas cuantas consultas y todas ellas
relacionadas con los timos que las distintas administraciones están
poniendo en marcha.
La DGT envía una multa a un propietario de un
coche por una infracción detectada desde un helicóptero de este
organismo. El vehículo al que se denuncia no coincide ni en marca ni en
modelo ni en color con el del propietario del vehículo al que finalmente
se sanciona. Cuando recurre la sanción, la respuesta que recibe es que
el agente no recuerda bien la marca y el color, pero sí la infracción y
que la sanción es firme. Y tampoco hay fotografía que pruebe la
infracción.
Se imaginan un empleado de banca que revisa cada día
cien expedientes de cuentas de clientes y que se acuerde seis meses o un
año después de un cargo de 30 euros de un cliente enviado por una
compañía de telefonía.
El agente que iba en el helicóptero no
tiene otra cosa que hacer que recordar todas y cada una de las
infracciones que ha visto en seis meses, a una media de entre 50 y 100
denuncias diarias. Sobre todo porque son agentes que están muy contentos
con su trabajo, muy bien pagados, y encantados con sus mandos, que
siempre están velando por sus intereses, y el primero Pere Navarro.
Póngase por un momento en el caso de un juez al que llega un Guardia Civil que
dice que desde su helicóptero ha visto a un coche pisar una raya
continua, por ejemplo, que no hay ninguna prueba fotográfica, que apuntó
en la denuncia que era un Seat Ibiza blanco y que en realidad era un
Mercedes Clase S negro. El juez romperá la denuncia en pedazos sin ni
siquiera perder el tiempo en hacer una sentencia.
En un par de años Europa tendrá un sistema para que se persigan las sanciones de
tráfico en todos los países. Imaginen por un momento que el coche
sancionado por el agente del helicóptero es de un ciudadano alemán.
Cuando la multa llegue al funcionario del organismo equivalente a la DGT
en Alemania, este funcionario la tirará a la papelera sin más.
El ayuntamiento de Madrid es otro que también se apunta a esta nueva forma
de “impuesto” que podríamos llamar de ingresos atípicos. Envía
sanciones a cientos por saltarse un semáforo en rojo, pero la prueba
fotográfica que se manda con la sanción es pasando el semáforo en
naranja, que no es pasarlo en rojo.
¿Cuál es el problema? Que la misma persona u organismo que impone una sanción es la que decide sobre
los recursos, y por supuesto siempre son tirados a la papelera.
La DGT cada vez que se detecta un exceso de velocidad con pérdida de
puntos en un vehículo debe mandar una carta al propietario para que
identifique al conductor en ese momento. Esa carta últimamente no llega
nunca a su destino.
Y esta es una nueva forma de timo, ya que si
la multa es de 300 euros y 2 puntos, pasa automáticamente a ser de 900
euros sin puntos. La primera carta no llega nunca a su destinatario,
pero la segunda, cuando ya es firme la de los 900 euros, sí llega. Si
no lo hace un par de meses después llega la del embargo de la cuenta
bancaria por 1.100 euros.
Todo depende de la prisa que tenga la
DGT por cobrar, si tiene caja para pagar sus nóminas o si hay dinero
bastante para que su director general decida hacer una obra en la sede
por un valor de un millón de euros para acondicionar nuevos despachos
por si algún día hacen falta para algo.
El único camino que
queda ante este timo profesional y organizado es ir a la Justicia, pero
eso es muy caro y no sé si merece la pena de verdad. Pero los diferentes
organismos y entidades han encontrado el camino perfecto para hacer
caja cada día. Y timar a los propietarios de los vehículos.
Por ello, ante esta situación creo que es el momento de hacerse con los
servicios de Automovilistas Europeos Asociados o de cualquier otra
asociación de este tipo que vele por los derechos de los conductores que
ahora están más en peligro que nunca de tener que pasar por caja cada
poco tiempo y sin un motivo real.
Fuente.- Gobierno, comunidades
autónomas y ayuntamientos tienen unas deudas astronómicas, que no van a
poder pagar en muchos años. Sin embargo, parecen haber descubierto una
forma de conseguir algo de liquidez para el día a día: los conductores
de automóviles o más bien los propietarios de los mismos.
El coche es el sistema perfecto de organizar timos porque tiene su
matrícula que le hace perfectamente identificable. Y por ello también se
le puede perseguir y sancionar. Imaginen que un ayuntamiento pequeño
necesita dinero para pagar la gasolina del coche del alcalde o para
pagar la luz.
Solo hay que enviar 4 o 5 multas a otros tantos
propietarios de coches. Multas por hacer un giro prohibido, o por
aparcar mal o por lo que sea. No hace falta que hayan estado en ese
pueblo, no hace falta ninguna prueba y ni siquiera es necesario que la
matrícula coincida con el color del coche o la marca y modelo.
El propietario del vehículo ve que le llega una multa de su coche en un
ayuntamiento en el que no ha estado nunca. Y se ve obligado a buscar las
pruebas que demuestren que su coche nunca ha estado allí. Pruebas que
no sirven absolutamente para nada.
Si el conductor decide
recurrir, solo perderá el tiempo. Al cabo de un mes recibirá un escrito
diciendo que consultado el agente que ha formulado la denuncia, este se
ratifica en los hechos y la sanción es firme. Y a partir de ahí, o se
va a la Justicia (con mayúsculas, la de verdad con abogados y
procuradores y jueces, o no hay nada que hacer) o se pasa por caja.
Esto parece un cuento pero en las últimas semanas, al consultorio de El
Confidencial han llegado unas cuantas consultas y todas ellas
relacionadas con los timos que las distintas administraciones están
poniendo en marcha.
La DGT envía una multa a un propietario de un
coche por una infracción detectada desde un helicóptero de este
organismo. El vehículo al que se denuncia no coincide ni en marca ni en
modelo ni en color con el del propietario del vehículo al que finalmente
se sanciona. Cuando recurre la sanción, la respuesta que recibe es que
el agente no recuerda bien la marca y el color, pero sí la infracción y
que la sanción es firme. Y tampoco hay fotografía que pruebe la
infracción.
Se imaginan un empleado de banca que revisa cada día
cien expedientes de cuentas de clientes y que se acuerde seis meses o un
año después de un cargo de 30 euros de un cliente enviado por una
compañía de telefonía.
El agente que iba en el helicóptero no
tiene otra cosa que hacer que recordar todas y cada una de las
infracciones que ha visto en seis meses, a una media de entre 50 y 100
denuncias diarias. Sobre todo porque son agentes que están muy contentos
con su trabajo, muy bien pagados, y encantados con sus mandos, que
siempre están velando por sus intereses, y el primero Pere Navarro.
Póngase por un momento en el caso de un juez al que llega un Guardia Civil que
dice que desde su helicóptero ha visto a un coche pisar una raya
continua, por ejemplo, que no hay ninguna prueba fotográfica, que apuntó
en la denuncia que era un Seat Ibiza blanco y que en realidad era un
Mercedes Clase S negro. El juez romperá la denuncia en pedazos sin ni
siquiera perder el tiempo en hacer una sentencia.
En un par de
años Europa tendrá un sistema para que se persigan las sanciones de
tráfico en todos los países. Imaginen por un momento que el coche
sancionado por el agente del helicóptero es de un ciudadano alemán.
Cuando la multa llegue al funcionario del organismo equivalente a la DGT
en Alemania, este funcionario la tirará a la papelera sin más.
El ayuntamiento de Madrid es otro que también se apunta a esta nueva forma
de “impuesto” que podríamos llamar de ingresos atípicos. Envía
sanciones a cientos por saltarse un semáforo en rojo, pero la prueba
fotográfica que se manda con la sanción es pasando el semáforo en
naranja, que no es pasarlo en rojo.
¿Cuál es el problema? Que la misma persona u organismo que impone una sanción es la que decide sobre
los recursos, y por supuesto siempre son tirados a la papelera.
La DGT cada vez que se detecta un exceso de velocidad con pérdida de
puntos en un vehículo debe mandar una carta al propietario para que
identifique al conductor en ese momento. Esa carta últimamente no llega
nunca a su destino.
Y esta es una nueva forma de timo, ya que si
la multa es de 300 euros y 2 puntos, pasa automáticamente a ser de 900
euros sin puntos. La primera carta no llega nunca a su destinatario,
pero la segunda, cuando ya es firme la de los 900 euros, sí llega. Si
no lo hace un par de meses después llega la del embargo de la cuenta
bancaria por 1.100 euros.
Todo depende de la prisa que tenga la
DGT por cobrar, si tiene caja para pagar sus nóminas o si hay dinero
bastante para que su director general decida hacer una obra en la sede
por un valor de un millón de euros para acondicionar nuevos despachos
por si algún día hacen falta para algo.
El único camino que
queda ante este timo profesional y organizado es ir a la Justicia, pero
eso es muy caro y no sé si merece la pena de verdad. Pero los diferentes
organismos y entidades han encontrado el camino perfecto para hacer
caja cada día. Y timar a los propietarios de los vehículos.
Por
ello, ante esta situación creo que es el momento de hacerse con los
servicios de Automovilistas Europeos Asociados o de cualquier otra
asociación de este tipo que vele por los derechos de los conductores que
ahora están más en peligro que nunca de tener que pasar por caja cada
poco tiempo y sin un motivo real.
Fuente.- http://www.elconfidencial.com/automaniacos/2011/11/07/timar%2Da%2Dlos%2Dconductores%2D%2D87246/